La crísis del Poder Judicial de Oaxaca

El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa enfrenta un escenario político adverso que requiere con urgencia atención y acciones legales rápidas, para evitar que otras instancias judiciales lo coloquen en una situación grave, como la eventual desaparición de poderes del Estado.

Frente a los resultados electorales inéditos, que le permitieron al PRI y sus aliados una sola diputación en la próxima XLIV Legislatura Local y cero curules de mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno de Murat Hinojosa debe atender de inmediato el conflicto generado en el Poder Judicial del Estado con el nombramiento ilegal de Raúl Bolaños Cacho Guzmán como presidente interino.


Este conflicto público entre el presidente interino del Poder Judicial de Oaxaca y la mayoría de los magistrados, no se reduce a la transparencia en la aplicación de los 70 millones de pesos que devolvió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Finanzas, por el cobro indebido del Impuesto Sobre la Renta que aplicó el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a magistrados y jueces, sino a la confrontación inédita y la rebeldía de la mayoría de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial de Oaxaca con su titular encargado.

El hecho de que exista un juicio en contra de la designación de Bolaños Cacho Guzmán como presidente interino sin haber cumplido con los requisitos de ley, como desempeñarse los últimos tres años como magistrado de Sala, merece no solo la atención del ejecutivo estatal sino una salida legal que podría ser la solicitud de licencia del presidente interino del PJO, para poner fin al expediente en trámite en el Poder Judicial Federal.


En las redes sociales circuló un video, en los días previos a la elección del día primero, en el que el presidente interino del Poder Judicial de Oaxaca advierte un “ajuste de cuentas” del Gobierno del Estado en contra de quienes desde el seno mismo del PJO, exigen cuentas sobre los 70 millones de pesos recuperados y cuestionan el nombramiento ilegal de Bolaños Cacho Guzmán.

Aunque al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le quedan algunos meses, debe tener tantos asuntos antes de entregar el poder presidencial, que difícilmente se distraería en atender el conflicto del poder Judicial de Oaxaca, y los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal serán más cuidadosos de sus resoluciones para no exponerse a ser exhibidos de favorecer al Gobierno Oaxaqueño.
El deterioro en la relación entre el presidente interino y los magistrados del PJO, no se puede superar de la noche a la mañana, primero porque se sienten ofendidos al ser ninguneados, y segundo porque se han formado bloques que han llegado a la confrontación y la amenaza.

El intento por desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca es parte de ese conflicto, que crece y se agudiza. Sin medir el alcance y las consecuencias de una decisión como esa, las agrupaciones de abogados y grupos afines se han pronunciado en pro y en contra, pero ya no se hace en el ámbito estatal sino que se está difundiendo a nivel nacional.

Nota de El Gráfico Diario

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