32 “coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo”.

El virtual presidente electo no solo les anunciará a los mandatarios que desaparecen los actuales delegados federales, sino también que en su lugar, se crea una nueva figura: 32 “coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo”.

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador a los 31 gobernadores y al jefe de Gobierno de la CDMX, en su primera reunión con los gobernadores, cambiará radicalmente el actual Convenio de Coordinación Fiscal por el que la Federación entrega partidas y recursos federales a los gobiernos de los estados.

Con el inicio del 1 de diciembre todos los recursos, programas y ramos federales que se envían al nivel estatal y que ya no pasarán por las Tesorerías de los estados ni por los gobernadores.

Así quedara la lista con los 32 nombres que el futuro Presidente va a proponer a cada uno de los gobernadores como coordinadores en sus estados: Aguascalientes, Aldo Ruiz; Baja California, Jaime Bonilla; Baja California Sur, Víctor Castro; Campeche, Katya Meave; Chiapas, José Antonio Aguilar; Chihuahua, Juan Carlos Loera; Ciudad de México, Cristina Ruiz; Coahuila, Reyes Flores; Colima, Indira Vizcaíno y/o Alejandro Álvarez; Durango, Enrique Novelo; Guanajuato, Mauricio Hernández; Guerrero, Amílcar Sandoval; Hidalgo, Abraham Mendoza; Jalisco, Carlos Lomelí; México, Delfina Gómez; Michoacán, Roberto Pantoja; Morelos, Rabindranath Salazar; Nayarit, Miguel Angel Navarro; Nuevo León, Blanca Judith Díaz; Oaxaca, Nancy Ortiz; Puebla, Rodrigo Abdala; Querétaro, Gilberto Herrera; Quintana Roo, Arturo Abreu; San Luis Potosí, Gabino Morales; Sinaloa, Jaime Montes Salas; Sonora, Jorge Tadei; Tabasco, Carlos Merino; Tamaulipas, José Ramón Gómez; Tlaxcala, Lorena Cuéllar; Veracruz, Manuel Huerta; Yucatán, Joaquín Díaz; y Zacatecas, Verónica Díaz.

Para evitar impugnaciones o controversias, por aquello de que la Constitución establece que entre el gobierno federal y los estados no puede haber figuras intermedias, el sustento legal que se daría a la nueva figura de los coordinadores estatales sería la de una “autoridad administrativa” y no política.

 

 

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